Comunicado. Con el objetivo de avanzar hacia el acceso universal y equitativo a la salud sexual y reproductiva, se realizó la tercera edición del foro “Diálogos por la Anticoncepción y la Planificación Familiar”, un espacio que reunió a representantes del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Secretaría de las Mujeres, el IMSS, el ISSSTE, IMSS-Bienestar, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia.
Durante el encuentro se presentaron los resultados del Atlas de Políticas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe 2026, una herramienta que permite monitorear el entorno normativo y las decisiones gubernamentales que influyen en el acceso a métodos anticonceptivos. El estudio evalúa a 33 países mediante 22 indicadores distribuidos en tres dimensiones: políticas públicas, acceso y financiamiento. Con una puntuación de 95.6%, México ocupa el primer lugar de la clasificación regional. Entre sus fortalezas, el Atlas destaca el reconocimiento constitucional y legal del derecho a decidir el número, momento y espaciamiento de los nacimientos; una estrategia de planificación familiar actualizada; la inclusión de más de diez métodos en el listado nacional de medicamentos esenciales; y la existencia de un comité nacional para el suministro de insumos.
El análisis también reconoce que México ofrece servicios específicos de planificación familiar para adolescentes y jóvenes, una página gubernamental con información sobre métodos anticonceptivos y campañas nacionales de sensibilización realizadas durante los últimos dos años. Además, el sistema público suministra anticoncepción de emergencia y ofrece métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada.
“El Atlas muestra que México ha construido una base normativa e institucional sólida para garantizar el acceso a la anticoncepción. El reto ahora es transformar ese marco en resultados tangibles para las personas, asegurando la disponibilidad continua de métodos, información oportuna y servicios centrados en las necesidades de quienes enfrentan mayores barreras de acceso”, afirmó Silvia Traina, experta del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF).
La edición 2026 incorporó dos criterios para ampliar la evaluación de las políticas públicas: la existencia de directrices nacionales sobre anticoncepción posparto y la evolución del financiamiento público destinado al suministro de anticonceptivos durante los últimos dos años. México cuenta con lineamientos vigentes en materia de anticoncepción posparto y figura entre los seis países de la región donde el financiamiento aumentó durante los dos últimos años. Además, ofrece cobertura total de los métodos evaluados dentro del sistema público y presenta un riesgo bajo de desabasto en el almacén central.
A nivel regional, 25 de los 33 países evaluados cuentan con directrices sobre anticoncepción posparto y 27 ofrecen servicios específicos de planificación familiar para adolescentes. Además, 30 proporcionan al menos un método anticonceptivo reversible de acción prolongada mediante el sistema nacional de salud; sin embargo, solo 11 garantizan la disponibilidad de todas las opciones evaluadas y únicamente 14 de los 27 países que cuentan con una estrategia de planificación familiar la mantienen actualizada.
A pesar de los avances de México, los datos muestran que el conocimiento de los métodos anticonceptivos no siempre se traduce en su utilización. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI, 98.7% de las mujeres de 15 a 49 años conoce al menos un método anticonceptivo, mientras que 96.6% tiene conocimiento funcional, es decir que no sólo los conoce, sino que sabe utilizar correctamente alguno. No obstante, entre las 18.6 millones de mujeres en edad fértil sexualmente activas, la prevalencia de uso se sitúa en 74.5%.
Las diferencias son más pronunciadas entre las poblaciones jóvenes. La prevalencia de uso alcanza el 60% entre las adolescentes sexualmente activas de 15 a 19 años y 68.2% entre las mujeres de 20 a 24 años, los porcentajes más bajos entre todos los grupos de edad analizados. Entre las adolescentes de 15 a 19 años que habían iniciado su vida sexual, el porcentaje que utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual aumentó de 59.9% en 2018 a 66.9% en 2023.
“Contar con políticas y métodos es solo el primer paso; el verdadero reto es garantizar que cada adolescente ejerza el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro. Cerrar las brechas requiere derribar barreras culturales y estigmas, asegurando servicios diferenciados, accesibles e interculturales que garanticen que ninguna joven se quede atrás en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”, señaló Dosia Calderón Maydon, representante adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México.
Estos desafíos adquieren especial relevancia ante la transformación demográfica que vive el país. La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI muestra que la tasa global de fecundidad descendió de 1.9 hijas e hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024. También existen importantes diferencias territoriales: mientras Chiapas registró una tasa de 1.8, la Ciudad de México presentó la más baja del país, con 0.8 hijas e hijos por mujer.
Por su parte, Teresa Ramos, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), destacó que “El desafío es que los avances en las políticas públicas se traduzcan en acceso gratuito, oportuno y continuo a los anticonceptivos. Para lograrlo, es indispensable fortalecer la coordinación institucional y garantizar su disponibilidad en los servicios de salud”.
Los “Diálogos por la Anticoncepción y la Planificación Familiar” concluyeron con un llamado a convertir los avances normativos, presupuestarios e institucionales en resultados sostenibles para las personas. Esto implica mantener el financiamiento público, fortalecer las cadenas de suministro, ampliar la educación integral en sexualidad y garantizar servicios oportunos, accesibles y de calidad.
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