Comunicado. Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris, presentó en Tijuana, Baja California, el Plan Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia para el VIH y la Hepatitis C, lo cual beneficiará, entre otras, a las poblaciones LGBTTTIQAP+, como parte de la agenda nacional de regulación enfocada en los derechos de la población de la diversidad.
Este plan, realizado en coordinación con el Centro Nacional de Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), permitirá monitorear a las personas que acceden al tratamiento antirretroviral para para tratar VIH, así como a los medicamentos para curar hepatitis C y atender otras infecciones de transmisión sexual, para garantizar su calidad de vida y una atención centrada en las necesidades de salud de la población.
Asimismo, Svarch realizó la entrega de códigos de acceso a la plataforma VigiFlow para los tres Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Baja California. Con ello será posible ingresar las notificaciones de reacciones adversas en tratamientos, así como dar seguimiento a terapias hormonales y de afirmación de género.
“En la Cofepris elaboramos una ambiciosa agenda de derechos. Hoy, este primer Plan Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia para población LGBTTTIQAP+ es un entregable prioritario en la agenda institucional. Con el equipamiento digital y la capacitación inicial en 145 unidades, que incluye a más de 600 servidores públicos, damos prioridad a quienes hacen uso de medicamentos o dispositivos médicos en terapias hormonales, de afirmación de género y tratamientos contra infecciones de transmisión sexual, hepatitis y VIH, dando vigilancia específica a fin de monitorear y analizar oportunamente el riesgo y detonar las intervenciones que contribuyan a evitar daños a su salud”, indicó.
El Plan Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia para la Población LGBTTTIQAP+ trabaja sobre seis ejes principales, que serán evaluados de manera permanente e incluyen tareas específicas para la federación, las autoridades estatales y cada uno de los centros: participación nacional en el plan; atención oportuna de reportes; calidad de información; impacto regulatorio; coordinación interinstitucional a nivel federal; y difusión y sensibilización de cada persona usuaria.
