Comunicado. La salud visual en México enfrenta un desafío silencioso pero creciente. Con base en información de la Sociedad Mexicana de Oftalmología (SMO), más de 16 millones de personas viven con alguna discapacidad visual, y las proyecciones para 2040 alertan sobre un aumento considerable en casos de ceguera.
Ante este panorama, la SMO, la Asociación para Evitar la Ceguera en México (APEC) y la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) presentaron en la Ciudad de México las “10 Propuestas para un México con Salud Visual 2024-2030”, una hoja de ruta que busca garantizar el acceso equitativo y sostenible a la atención ocular.
Durante la presentación, la especialista Valeria Sánchez Huerta explicó que el documento surge de una preocupación urgente: la falta de datos precisos y políticas efectivas en materia de salud visual. “Un paciente ciego deja a dos personas sin trabajo: quien pierde la vista y quien debe cuidarlo”, subrayó y mencionó el impacto económico y social de la ceguera, mismo que no se mide sólo en términos de discapacidad, sino también de productividad y bienestar.
México ocupa uno de los primeros 10 lugares en el mundo en número de personas con discapacidad visual. Las principales causas son retinopatía diabética, glaucoma y degeneración macular relacionada con la edad, condiciones prevenibles o tratables con diagnóstico temprano. Sin embargo, la falta de información y la débil integración de la salud ocular en los programas públicos limitan la detección oportuna.
Las instituciones proponen acciones articuladas en cuatro ejes fundamentales: rectoría, financiamiento, prestación de servicios y regeneración de recursos.
En materia de rectoría, plantean reactivar el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades Visuales (CNPTEV), establecer un sistema de indicadores, y alinear las políticas públicas entre los sectores salud, educación y economía. El objetivo es fortalecer la gobernanza del sistema y crear un mecanismo de evaluación continua.
El segundo eje busca garantizar recursos financieros suficientes y transparentes, con incentivos que promuevan la rendición de cuentas. En cuanto a la prestación de servicios, el plan propone integrar la atención visual desde el nacimiento, con tamizajes y diagnósticos tempranos, además de implementar un Protocolo de Atención Integral que estandarice los tratamientos y eleve la calidad de los servicios.
Otro punto relevante es la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Salud Visual, que permita monitorear calidad, capacitación y cobertura. Se plantea también promover campañas de colaboración entre los sectores público, privado y social para ampliar la cobertura y reducir las brechas regionales.
En el eje de regeneración de recursos, las instituciones recomiendan fortalecer la formación y capacitación del personal médico especializado, así como incorporar nuevos tratamientos bajo criterios de costo-efectividad. Además, se propone impulsar la transformación digital del sistema, mediante el uso de recetas electrónicas y herramientas de inteligencia artificial para diagnóstico y seguimiento de pacientes.
Durante su intervención, el especialista José Antonio Paczka Zapata destacó que, más allá de las políticas, es esencial promover campañas informativas específicas. “Hay una falta de información, pero también hay que aprender a escucharla. La salud visual requiere atención y participación social activa”.
La iniciativa contempla una posible onceava estrategia: crear un marco normativo flexible y seguro que otorgue certidumbre jurídica a todos los actores involucrados. Esta medida busca fortalecer la rectoría del sector salud y establecer reglas claras para la inversión, innovación y colaboración en salud visual.
Por su parte, Héctor Peña Baca coincidió en que el enfoque intersectorial es clave para vincular la salud con el desarrollo económico y la productividad. “Cuidar la vista no es solo una cuestión médica; es una política de desarrollo nacional”.
Con esta propuesta, la SMO, APEC y FUNSALUD buscan colocar la salud visual en el centro de la agenda pública nacional. Si se ejecutan las medidas planteadas, México podría sentar las bases para reducir significativamente la ceguera evitable antes de 2030 y garantizar una mejor calidad de vida para millones de personas.
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