Agencias. En México, académicos y sociedad civil relacionadas con el sector hicieron un “enfático exhorto” para detener la iniciativa de ley general de ciencia, denominada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, elaborada por el Conacyt, “por considerarla antidemocrática y excluyente”.
La comunidad de investigación indica que “se trata de una propuesta que restringe la libertad académica de los investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas; no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado Mexicano de un presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años”.
De acuerdo con una carta pública, firmada por cerca de 2,400 personas del sector científico y académico, la iniciativa “afecta drásticamente a diversas comunidades y al país en su conjunto”. Entre los firmantes se encuentran académicos de la UNAM, el IPN, la UAM, universidades estatales, universidades privadas, Centros Públicos de Investigación y centros de investigación. Adicionalmente, el exhorto firmado fue enviado a los legisladores presidentes de las Comisiones de Educación y Ciencia de las cámaras de Diputados y Senadores.
La carta enumera siete puntos específicos:
1. La eliminación de toda autonomía de los Centros Públicos de Investigación (Centros Conacyt), la vulnerabilidad de su personal académico “y su libertad de investigación”.
2. Afectaciones a los investigadores de ciencia básica y de frontera, quienes estarán limitados por una agenda gubernamental, definida por la Junta de Gobierno del Conacyt, para poder acceder a financiamiento para sus proyectos.
3. A investigadores que laboran en universidades privadas, a quienes se les discrimina “al negarles el derecho a ser tratados de forma semejante a cualquier académico dedicado a la investigación”.
4. Afectará a estudiantes y jóvenes investigadores cuya carrera científica se verá obstaculizada por una propuesta que reduce el presupuesto para apoyos y becas; que les acota la libertad académica para escoger temas de investigación, limita los espacios para la movilidad nacional e internacional, y dificulta su inserción laboral al transformar y deformar el programa de cátedras.
5. Afectará a todas las comunidades del sector de ciencia, tecnología e innovación, que verán limitada su libertad para buscar, generar y transmitir conocimientos y no tendrán espacios para “ejercer su derecho democrático a expresar opiniones, puntos de vista, evidencia y propuestas novedosas”.
6. Afectará a las empresas innovadoras que quedan marginadas del apoyo del Estado a sus proyectos, “lo que las coloca en una desventaja ante competidores internacionales que sí reciben recursos en sus países”.
7. Finalmente, la carta añade que se afectará a “la sociedad mexicana en su conjunto que no podrá contar con un modelo de desarrollo científico, tecnológico y de innovación de vanguardia, acorde a los retos ambientales, económicos, sociales que el país requiere atender en el mediano y largo plazo”.
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