El Economista. Hace unos días, se dio un acercamiento con la industria por parte de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organismo al que México le está pagando para comprar las medicinas, equipo y material de curación, para dialogar respecto al desabasto que se presenta desde hace dos años.
Las sesiones se realizarán por separado con cada una de las asociaciones más representativas del sector: Canifarma que lidera Rafael Gual, Anafam que encabeza Cecilia Bravo, Amelaf que dirige Juan de Villafranca y AMIIF, al mando de Cristóbal Thompson.
Aunque la UNOPS dejó en claro que en las reuniones no se hablará de la licitación, sería conveniente que Giuseppe Mancinelli, director regional de UNOPS, dé oportunidad de aclarar preguntas latentes en torno a la megalicitación que el organismo está organizando en México desde hace seis meses, ya que mientras haya mayor certeza y claridad en el proceso de compra de fármacos, será más factible que el organismo pueda lograr óptimos resultados en el abasto de terapias y en favor de los pacientes mexicanos que las necesitan.
La presentación de ofertas, programada originalmente para el 18 de enero, la cambiaron al 01 de febrero; sin embargo, hubo un nuevo cambio y la fecha final es para el 05 de febrero; además, ajustaron los formatos obligando a los participantes a rearmar sus ofertas.
Un aspecto que desalentó por completo a las farmacéuticas mexicanas es que el organismo les pidió desglosar precio a pie de fábrica y precio entregado en los 11 almacenes definidos. Seguramente la UNOPS quiere saber hasta qué piso puede negociar. Sin embargo, la preocupación entre las productoras mexicanas es que les eliminen su ventaja de cercanía para dar mejores precios.
Otra preocupación es que la UNOPS privilegie a productores de Bangladesh, India o China que con mayores escalas y apoyos están en condiciones de dar mejor precio de fábrica, y el gobierno mexicano ponga a Birmex a consolidar y asumir el costo de traslado e importación, e incluso les ahorre impuestos a los extranjeros. Ello sería muy grave porque implicaría un subsidio del Estado mexicano a empresas del exterior.
